JAMBALÓ, BUENOS AIRES Y PUERTO TEJADA , EN EL POS- ACUERDO

Jambaló, Buenos Aires y Puerto Tejada, tres municipios del Norte del Cauca afectados por el conflicto armado en Colombia, podrán tomar como base para sus política gubernamental en el pos-acuerdo la investigación Ordenes locales en reconfiguración: de regulaciones, acomodamientos y resistencias en regiones de intenso conflicto armado, 1991-2010, un estudio comparado, en el cual participaron el Centro de Investigaciones de la Facultad de Ciencias Sociales y Económicas, CIDSE, y la Escuela de Trabajo Social y Desarrollo Humano de la Universidad del Valle.

La profesora e investigadora Alba Nubia Rodríguez sostuvo que: “la investigación presenta cómo han sido las diferentes formas de relación (acomodo, resistencia, solidaridad) entre los pobladores de las localidades estudiadas y los grupos armados y cuáles las variables explicativas del tipo de relación establecida.

Estos resultados, agregó, contribuirán de manera significativa a un proceso de pos-acuerdo para establecer políticas adecuadas a los diferentes contextos locales y regionales, porque, como lo muestra la investigación,  las relaciones entre armados y población no es la misma en las diferentes regiones del país, la cual depende de las configuraciones económicas de clase y etnia, la base organizativa de la gente, y el tipo de presencia que hace el Estado, entre otras variables”.

La investigación conduce a pensar que, aunque se hable de un acuerdo de paz,  su ejecución deberá tener en cuenta las características de cada población involucrada en el conflicto, por la tanto, los proyectos de memoria colectiva, reparación, perdón o reinserción, deberán estar en concordancia con las particularidades de  cada comunidad.

La investigación revela los procesos de los órdenes locales de Jambaló, Buenos Aires y Puerto Tejada, de 1991 al año 2010. Para el caso de Jambaló, se destaca como el municipio tiene una tradición de lucha por la tierra desde las guerras de Independencia, pasando por su articulación con el Partido Liberal y el Partido Comunista en el siglo XX, que dio como resultado las Ligas Campesinas, y, posteriormente, el Consejo Regional Indígena del Cauca, CRIC,  hasta su coexistencia con grupos armados como el Quintín Lame, desmovilizado en el año 1991.

A partir de esta época, Jambaló consolida su autonomía indígena, a la vez que logra elegir el primer alcalde indígena del municipio perteneciente al Movimiento Cívico Independiente, Marden Betancourth, asesinado por el Ejército de Liberación Nacional, ELN, en 1996. Para el 2000, las interacciones con los grupos armados adquieren otras características, que llevan a la creación de la Guardia Indígena, como parte de sus procesos de resistencia o reconfiguración del orden social frente al conflicto.

“A principios del siglo XXI, los cultivos de coca y su procesamiento se intensifican; la presencia de grupos armados (específicamente las FARC apoyada en la columna Jacobo Arenas) aumenta la coerción armada de la guerrilla y de la Fuerza Pública que hace presencia en el casco urbano a través de la Policía y en el área rural con el Ejército. En el marco de estos procesos surge la Guardia Indígena para brindar apoyo al cabildo en el control territorial”, agrega la profesora Alba Nubia Rodríguez.

En contraste con Jambaló, el municipio de Buenos Aires tiene una población predominantemente afrodescendiente, con una economía basada en minería de filón y aluvión, y en agricultura, de café, cítricos, plátano y yuca. A partir del siglo XX con el ingreso de empresas norteamericanas y alemanas para la explotación minera llegaron pobladores de diversas etnias que modificaron los procesos de cohesión social.

“En este contexto de diversos conflictos sociales y fortalecimiento de procesos colectivos étnicos e interétnicos, los pobladores de Buenos Aires referencian la presencia de grupos guerrilleros en la localidad: las FARC con el Frente Sexto, la brigada móvil Jacobo Arenas y el Frente 30; el ELN con el frente Manuel Vásquez Castaño, y el M-19, que en 1986 perpetró la única toma que ha sufrido la localidad desde el ingreso de los grupos armados”.

Por otra parte, hacia finales de la década noventa hasta mediados de la primera  década del siglo XXI, ingresan los grupos paramilitares (Bloque Calima de las AUC) que  disputan el territorio y los corredores estratégicos a las guerrillas, y perpetran la masacre de Naya, entre el  10 y el 13 de abril del 2001, asesinando a 32 de los  habitantes de la zona, según datos recogidos por la investigación.

Para el 2010, después del proceso de desmovilización de los grupos paramilitares, Buenos Aires detecta la presencia de grupos guerrilleros, produciendo relaciones de acomodo con estos grupos armados, como parte de la reconfiguración del orden local.

En relación con los procesos de reconfiguración del orden local en Puerto Tejada, el profesor Álvaro Guzmán del CIDSE, en el informe final de la investigación, destaca “la existencia de una economía altamente desarrollada y tecnificada alrededor de la caña de azúcar y de industrias enclavadas en parques industriales. Esta forma de economía y de sociedad funciona con altos niveles de seguridad ciudadana, garantizados por las Fuerzas Armadas y de Seguridad del Estado y por el apoyo de compañías privadas de seguridad. Al mismo tiempo, una situación antagónica se manifiesta en el casco urbano de Puerto Tejada, donde impera la pobreza y los rasgos del Estado local son de corrupción y clientelismo. En síntesis, en un mismo municipio, se combina la producción de riqueza en medio de la pobreza. Paradójicamente, la riqueza y la seguridad que acompaña su producción no se refleja en la vida cotidiana del casco urbano del municipio, en donde impera la pobreza y la criminalidad. Esta forma de economía, de enclave moderno, que saca la acumulación del municipio con baja reinversión, explica en parte la situación de los pobladores de Puerto Tejada, donde hubo presencia de los grupos paramilitares, aunque no se evidenció guerrilla, de manera permanente, en el período estudiado”.

Así, el estudio comparado de las regiones afectadas por el conflicto armado  revela los factores que condicionan la capacidad de la población para reaccionar al orden de violencia que se impuso, información que será de gran ayuda para analizar, igualmente, la capacidad que tienen estas poblaciones para reaccionar a los nuevos ordenes de paz que se esperan.

La investigación fue liderada por el INER de la Universidad de Antioquia, a nivel nacional, y tuvo como contrapartes al CIDSE y al CINEP de Bogotá. La investigación fue financiada por Colciencias. El Estudio de los municipios del Norte del Cauca correspondió al equipo del grupo de Acción Colectiva y Cambio Social, Acaso, del CIDSE, integrado por los profesores Alba Nubia Rodríguez y Álvaro Guzmán, las asistentes de investigación Renata Moreno y María Catalina Gómez Dueñas, y las monitoras Donney Carabali y Vivian Ladino.